El TSJPV admite a trámite el recurso del Gobierno español contra las ayudas a familiares de presos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitió ayer a trámite el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, a instancias del Gobierno del PSOE, contra las ayudas que el Gobierno vasco concede a familiares de presos para sufragar los gastos de los viajes que realizan a las cárceles.

La Abogacía del Estado formalizó ayer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV la impugnación, que los Ministerios de Interior y de Justicia españoles acordaron plantear, en la que se solicita la suspensión cautelar de la orden aprobada por el Departamento que todavía dirige Joseba Azkarraga (EA) por el que se conceden las subvenciones.

La orden, del pasado 24 de marzo, otorga 225.081 euros a desplazamientos de familiares realizados durante 2008 para visitar a personas penadas o en prisión preventiva.

Las mismas fuentes señalaron que la admisión a trámite será notificada al Gobierno vasco, probablemente, el próximo martes, para que, en el plazo de diez días hábiles, presente las alegaciones que considere oportunas.

En un mes podría estar resuelto si se dictan las medidas cautelares que solicita la Abogacía del Estado, lo que significaría la suspensión de la ejecución de la orden gubernamental por la que se conceden estas ayudas. La resolución del fondo del asunto, por su parte, podría retrasarse hasta dentro de alrededor de un año.

Ley de victimas del terorismo

El recurso del Gobierno central alude, para recurrir la orden de ayudas a familiares de presos, a la Ley de Reconocimiento y Reparación a las víctimas del terrorismo, que fue aprobada en junio de 2008.

En el artículo 9 de esta norma, titulado ‘Paz, libertad y convivencia’, se expone que se pondrán en marcha medidas activas para “la deslegitimación ética, social y política del terrorismo, defendiendo y promoviendo la legitimación social del Estado democrático de derecho”.

Asimismo, establece que, en aquellas iniciativas de promoción de los valores democráticos y los derechos humanos que se consideren idóneas, “se contará con el testimonio y participación de las víctimas del terrorismo”.

La Abogacía de Estado justifica la petición de la suspensión cautelar de la resolución del Departamento vasco de Justicia en que, con ella, pretende que “no se pueda causar un mal que, posteriormente, sería irreparable”.