Acusada la alcaldesa de Zamudio (PNV) de prevaricación

La alcaldesa del PNV de Zamudio, Sorkunde Aiarza, ha sido procesada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao por un presunto delito de prevaricación. Según el juez, la alcaldesa ordenó de manera “arbitraria” y “a sabiendas de su injusticia” la demolición de una obra realizada por un vecino.

Los hechos se remontan al 3 de Octubre del 2006 cuando un vecino de Zamudio identificado con las iniciales J.M.Z. solicito una licencia municipal para realizar una obra menor por un importe de 2.000 euros. La respuesta municipal a la solicitud se demoro hasta el 15 de Mayo del 2007 por lo que el vecino realizo la obra al considerar que esta había sido concedida por “silencio administrativo” según la Ley del Suelo y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

El 24 de Mayo la alcaldía ordenaba la paralización de las obras por “carecer de licencia” y fijaba un plazo de cinco días para “regularizar la situación”. El vecino, por su parte, presentó un recurso contencioso-administrativo y solicitó la suspensión cautelar del decreto de la alcaldía.

El 31 de Mayo el ayuntamiento ejecutaba la solicitud de regularización y procedia a la demolición de la obra mientras un fax del juzgado aceptando la suspensión solicitada por el vecino era recibido en el ayuntamiento a las 12:30.

Por estos motivos, el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao abrió diligencias y la alcaldesa tuvo que comparecer el 4 de Julio de 2007 a declarar.

El juez considera que la alcaldesa, Sorkunde Aiarza, podría haber cometido un delito de prevaricación por dos motivos. El juez estima que estima que adoptó una resolución “arbitraria” al llevar a cabo un “acto definitivo y grave” al ordenar la demolición sin haber seguido los “trámites normativos previstos”. Por otra parte, considera “injusta” la actuación de la alcaldesa al fijar el plazo de cinco días ya que era un intento de “anular la defensa de los derecho” del demandante. Por estos motivos el juez considera que la alcaldesa actuó “en ausencia de expediente administrativo”.

Por su parte el juez ha dado traslado de sus diligencias y del auto de procesamiento al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa si así lo estima oportuno.