Lo grave es prevaricar

Contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional, contrario a la sentencia del TSJPV que anulo el decreto sobre el IBI de la Diputación Alavesa. De recorrido legal mas bien escaso el del decreto sobre el impuesto de sociedades en Gipuzkoa. Sobre este culebrón se explaya largo y tendido Markel Olano en una entrevista que el grupo Vocento publico el ultimo día del año pasado.

Las verdades brillan por su ausencia y es que este político al que la carrera política se le ha quedado grande (no es más que una marioneta sin carisma) es capaz de mentir al decir que no hubo consenso alguno sobre el tipo impositivo. Mentira y gorda y es que en el propio acuerdo de gobierno (gracias al cual Markel Olano es Diputado General) se acordó el 30% y así se aprobó en el Consejo de Diputados de Gipuzkoa el 9 de Septiembre. Luego aquí el problema no esta en la falsa no existencia de un consenso, sino en el incumplimiento de lo acordado. Lo grave es mentir e incumplir acuerdos.

Vuelve a mentir (empiezo a pensar que ya es por ignorancia) cuando asegura que la aprobación del decreto fue algo Urgente, el periodista muy avispado le responde que como puede existir semejante urgencia habiendo tenido todo un año por delante a lo que Olano responde que la urgencia radicaba en evitar la desarmonización. Mentira, no puede existir tal urgencia ya que la armonización no es competencia de las Diputaciones Forales sino del Parlamento Vasco. Lo grave es mentir y adjudicarse competencias de otros.

Ya veremos que sucede cuando los tribunales se pronuncien, por ahora Olano se hace el confiado pero eso es solo fachada ya que no ha contado con el asesoramiento legal de los asesores y abogados del departamento de Hacienda. Precisamente desde este departamento es desde el que se ha avisado de lo ilegal de la medida. Por lo pronto el PSE ya ha solicitado que en casa de que los tribunales fallen en contra del decreto y lo anulen Markel Olano presente su dimisión. ¿Lógico, no? Pero las cosas no quedan ahí, la insistencia en aprobar un 28% por decreto ha venido desde mas arriba, desde la Consejería de Hacienda que depende de la Vice-Lehendakari por lo que esta también debería de asumir sus responsabilidades que no son pocas. Y es que aquí lo grave es no asumir cada uno sus responsabilidades, lo grave es mentir y prevaricar.

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